La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestaron su expresa Adhesión al Proyecto de Ley que modifica la Ley Nacional N° 26.020 “Régimen de la Industria y la Comercialización de Gas Licuado de petróleo” donde piden la declaración de la garrafa como servicio público a fin de garantizar el precio de referencia de la denominada garrafa social, la efectiva fiscalización y control del Estado.

"Entendiendo que la modificación de la norma tiende a favorecer a los sectores de menores recursos y aquellos en que aún no ha llegado el gas natural por redes -espíritu que originariamente contempla la ley- posibilitando mediante diferentes mecanismos la adquisición regular, confiable y económica de la garrafa, como así también a través del tiempo se han instituido diferentes programas con el mismo fin, hoy vemos que la regulación es insuficiente. Se ha reducido el subsidio afectando el costo, con el agravante de acceder a la misma, ya que no se consigue o se paga por ella un precio exorbitante llegando en algunos casos a duplicar su valor", expresaron en un comunicado.

Y sostuvieron: "Vemos con preocupación que el Estado se ha corrido de su rol de control y fiscalización en desmedro de los usuarios. La declaración de Servicio público, significa proteger los Derechos de todos los argentinos y argentinas frente a las empresas que vulneran los mismos en pos de maximizar sus ganancias".

Además, desde ADPRA, creen que el Estado debe "contar con herramientas y mecanismos para tener injerencia en la regulación de los precios. Debe verificar y penalizar cuando los precios máximos de referencia no son respetados, con el objeto de satisfacer un derecho tan básico como lo el acceso al gas licuado de petróleo a precios justos y razonables".

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