El pasado viernes fue sancionado un fallo de la Corte Suprema de El Salvador que permitiría que el actual presidente Nayib Bukele, quien ganó las elecciones en 2019 y goza de amplio apoyo popular según varias encuestas, pueda buscar la presidencia en las próximas elecciones en 2024.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema señaló que “Competir de nuevo por la presidencia, no implica de facto que este llegue a ser electo, implica únicamente que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a ese momento ejerce la Presidencia”.

El artículo 152 de la Constitución salvadoreña establece que no puede optar a la presidencia quien haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.

Además, el artículo 88 de la Constitución especifica que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional señalan que ese artículo se violaría sí “se pretendiera eliminar la fase electoral, despojando al pueblo de su derecho a decidir quien quiere que le represente", según dice la sentencia.

La reacción internacional

El fallo generó fuertes polémicas al interior de la sociedad salvadoreña y provocó reacciones internacionales acerca de salvaguardar la democracia del país centroamericano.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, publicó en su cuenta de Twitter: "Condenamos enérgicamente la decisión de la corte salvadoreña que permite la reelección presidencial inmediata a pesar de la disposición de su constitución que prohíbe la reelección inmediata. Hacemos un llamado al presidente Bukele para que demuestre su compromiso con la democracia y el estado de derecho".

Además, en un comunicado de prensa, Price dice que "Este declive en la gobernabilidad democrática daña la relación que Estados Unidos se esfuerza por mantener con el gobierno de El Salvador y erosiona aún más la imagen internacional de El Salvador como un socio democrático y confiable en la región. Estados Unidos pide al presidente Bukele que demuestre su compromiso declarado con la gobernanza democrática, incluida la separación de poderes y el Estado de Derecho".

El gobierno de El Salvador ya había sido advertido por la Casa Blanca luego de lo que consideran el "primer golpe a la democracia" del 1 de mayo, tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

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Luego de la destitución de los magistrados en funciones, el 31 de agosto se consolidó el control del Poder Judicial mediante la modificación constitucional de la Ley Orgánica de la Carrera Judicial, que obliga a jubilarse a los magistrados a los 60 años o 30 años de servicio laboral bajo la premisa de erradicar la corrupción.

Esta decisión también había sido objeto de críticas, argumentando que la edad o los años de servicio no tienen relación directa con la corrupción y que se trató de una maniobra del oficialismo para sentar a sus propios jueces.

La comunidad internacional, y principalmente Estados Unidos, principal socio económico y diplomático de El Salvador, toma estas medidas como una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico en el poder Ejecutivo.

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