sábado 20 de abril de 2024

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JUICIO

Pena de tres años en suspenso a conductor que mató a dos motociclistas

Disconformidad de la familia de las víctimas. El caso fue en Sierra de los Padres y ocurrió en noviembre de 2019. La sentencia de conoció de manera virtual. El condenado seguirá en libertad.

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Tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para conducir por otros cinco es la condena impuesta por la justicia al automovilista que en noviembre de 2019 atropelló y mató a dos motociclistas en zona de Sierra de los Padres cuando realizó una maniobra de giro “en U”.

El fallo lleva la firma del juez Pedro Federico Hooft, a cargo del Juzgado Correccional N°4, y se difundió de manera virtual por una decisión del propio magistrado que, tras el desarrollo del debate de la semana pasada, evite cualquier tipo de riesgo de incidentes o situaciones de tensión entre las partes en puja en este caso.

A Roberto Pili, que llegó en libertad a esta instancia y mantendrá ese beneficio, se lo consideró autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo doblemente agravado por la conducción de vehículo automotor y la pluralidad de víctimas, dado que al mismo tiempo acabá con las vidas de Jairo Ramírez y David Otarola.

Los abogados que representan a la querella, Maximiliano Orsini y Mauricio Varela, habían planteado ese encuadramiento pero con una pena de hasta cuatro años y la detención del condenado. El fiscal Pablo Cistoldi también había considerado que era un caso de homicidio culposo agravado y consideró que la pena debía ser de tres años de prisión, que fue lo que finalmente resultó.

Como la condena acompaña el pedido del Ministerio Público Fiscal no queda margen al particular damnificado para una apelación que le permita ir por una revisión y eventual pena mayor.

El debate se había desarrollado la semana pasada a lo largo de dos jornadas donde se conocieron testimonios y se presentaron los distintos peritajes, previos a los correspondientes alegatos de las partes. La defensa, encabezada por Horacio Insanti, había pedido la absolución de su cliente.

El malestar de las familias de las víctimas y sus representantes legales es notorio ya que hay disconformidad con la condena impuesta. Ya habían expresado su desagrado cuando se intentó resolver el caso con una instancia de probation, rechazada por la querella. Ahora vuelven a sentirse defraudados por la justicia por una sanción que consideran mínima frente al daño provocado.

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