lunes 16 de enero de 2023

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Política

Causa judicial contra CFK: los detalles más importantes desde 2008

Una denuncia presentada por Carrió en 2008 apuntaba a uno de los negocios de los Kirchner, la obra pública vial que desde 2003 habían comenzado a recibir las empresas de Lázaro Baéz.

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El juicio oral contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá su veredicto en el día de hoy, con pedidos de condenas de hasta 12 años de cárcel. Pasaron exactamente 5137 días desde que se inició el caso judicial contra la Vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. En estos 14 años y 23 días pasaron tres presidentes, incluida Cristina.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 leerán esta tarde la sentencia a los 13 acusados en la causa por la obra pública en Santa Cruz, entre los que se encuentra la vicepresidenta. La vicepresidenta y el resto de los acusados no estarán presentes en la audiencia ya que seguirán la decisión judicial por videoconferencia. En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia del delito.

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La denuncia de Carrió:

El 12 de noviembre de 2008, Elisa Lilita Carrió y los diputados que la acompañaban en la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia en Comodoro Py. La denuncia llevaba la firma de Carrió y de Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Roldán.

Carrió apuntaba a uno de los negocios de los Kirchner, mas específicamente a uno relacionado con la obra pública vial que desde 2003 habían comenzado a recibir las empresas de Lázaro Baéz. El empresario, amigo y socio de los Kirchner, había armado una compañía que se dedicó a hacer rutas en la provincia de Santa Cruz, la cual estos diputados denunciaron, ya que según ellos se trataba de un caso de corrupción.

El caso le tocó por sorteo al juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, que estaba de turno junto a la fiscalía que encabeza Gerardo Pollicita. El fiscal impulsó la acción penal el 22 de diciembre del 2008, y así abrió una investigación judicial contra Néstor Kirchner, el ex presidente de la Nación, líder político del Frente para la Victoria y esposo de quien por aquel entonces era la presidente de la Nación.

El nombre de Néstor Kirchner encabezaba la lista de imputados. Lo seguían: “Julio Miguel De Vido, Claudio Uberti, Ricardo Raúl Jaime, Carlos Alberto Zannini, Cristóbal Manuel López, Lázaro Antonio Báez y Rudy Fernando Ulloa Igor”. De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo y Báez, están entre los imputados en el juicio que concluye hoy.

En la imputación Pollicita resumió la denuncia: “Al brindar los fundamentos de la presentación, concretamente en las líneas introductorias, (los denunciantes) describieron las estrechas relaciones personales y comerciales que tendrían entre sí los nombrados, así como también el exponencial crecimiento en el patrimonio de estos últimos precisamente a partir de la traba de aquellos vínculos. Por otra parte, se indicó que los ilícitos cometidos habrían comenzado desde fines de 2003 y que, en general, se vinculan a los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado y eficiente funcionamiento de la administración pública. Así, refirieron que los contratos observados presentarían como características la concentración económica, la concurrencia de los mismos grupos empresarios a las licitaciones sin nuevos oferentes, la escasa diferencia en las cotizaciones ofrecidas por las empresas, la alternancia en las adjudicaciones y la existencia de sobreprecios.

El reducido grupo de empresarios estaría conformado por personas con una estrecha vinculación personal con Néstor Kirchner y una evidente relación comercial entre ellos mismos, que les permitiría ser socios y contrincantes de acuerdo a la licitación pretendida. De esta manera, se intentó poner en evidencia en la denuncia que los funcionarios públicos involucrados habrían beneficiado a “empresas amigas”, con desapego de las buenas prácticas de la administración pública, el manejo eficiente del erario público y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones del Estado; a la vez que se procuró reflejar que son las mismas empresas que, funcionando como holding, se presentaban imponiendo el precio y subiendo considerablemente los costos de la inversión pública ante una total pasividad del Estado contratante”.

La denuncia deslizó sospechas de delitos en varias áreas de la administración durante el kirchnerismo. Y hacía referencia a los negocios de obra pública vial de Baéz en Santa Cruz y a su relación con los Kirchner. Aquella causa iniciada a partir de la denuncia de Carrió lleva el número 15.734/2008 y en ella se hablaba de unas pocas rutas otorgadas a Lázaro Báez.

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La denuncia de Iguacel

En abril de 2016, meses después del cambio de gobierno nacional, Javier Iguacel, que estaba al frente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, formuló una denuncia más amplia y con más datos sobre las rutas en Santa Cruz. Según la presentación judicial de 2016, en ese informe se había determinado que entre 2003 y 2015 se habían concentrado las obras en esa provincia, delegado funciones de la DNV en la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y concentrado obras en un único grupo de empresas: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y “Sucesión Adelmo Biancalani”. Volvían a aparecer los nombres de algunas de las empresas denunciadas por Carrió en 2008.

En ese informe de auditoría se habían revelado también incumplimientos de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en los tiempos de pago con relación a otras empresas contratistas de obra pública que cuyos contratos tenían relación con Vialidad Nacional.

La denuncia de Iguacel se refería a cada una de las 51 obras entregadas a Baéz. La sistematización de los datos conseguida a partir del informe de auditoría posibilitó una investigación más amplia por parte de los fiscales Pollicita e Ignacio Mahiques. El juez Ercolini había delegado la investigación en los fiscales.

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El 3 de agosto de 2016 los fiscales solicitaron que la causa iniciada por la denuncia de Iguacel se sumara a la de 2008. Pidieron que se declarara la conexidad entre el viejo expediente y iniciado a partir de la auditoría de Vialidad, que llevaba el número 5048/2016.

Para pedir la conexidad los fiscales señalaron que: “la cuestión de la obra pública” que se introdujo en el marco de la presente causa, conformaba uno de los ejes centrales denunciados en el marco del expediente originario, en donde se procuraba la determinación de la hipótesis del beneficio otorgado a empresarios allegados y el presunto retorno de dinero a la familia de los anteriores presidentes”.

Con el avance de la investigación Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de los imputados. Entre ellos estaban algunos que figuraban en la vieja causa como De Vido, Báez y el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López. Y también pidieron la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, ya que había estado a cargo del Poder Ejecutivo entre 2007 y 2015.

En septiembre de 2016 Ercolini citó a Fernández de Kirchner y a los otros imputados a indagatoria y les dictó la inhibición general de bienes. El 31 de octubre de 2016 Cristina Fernández de Kirchner declaró en indagatoria y negó los cargos en su contra.

Cristina Fernández de Kirchner argumentó que la investigación realizada por los fiscales tenía intencionalidad política. Remarcó que el fiscal Ignacio Mahiques (sumado a la fiscalía de Pollicita para este caso) era hermano de Juan Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires. En 2016 Mahiques era funcionario del gobierno de Mauricio Macri en el ministerio de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Además, también había nombrado a Daniel Angelici como “operador” del macrismo en la justicia.

El juez Ercolini procesó a Fernández de Kirchner y el resto de los imputados el 27 de diciembre de 2016. A la vicepresidente de la Nación Ercolini la procesó por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Y le trabó un embargo de 10 mil millones de pesos. Las defensas apelaron los procesamientos. Luego de revisar la causa la Sala I de la Cámara Federal porteña los confirmó. La resolución por la cual los procesamientos fueron confirmados fue firmada en septiembre de 2017 por los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero.

En diciembre de 2017, nueve años después del inicio de la causa original, los fiscales Pollicita y Mahiques pidieron la elevación a juicio del caso. El 2 de marzo de 2018 Ercolini cerró la investigación y mandó el caso para que sea sorteado el Tribunal Oral Federal que llevaría adelante el juicio.

En principio había sido sorteado el Tribunal Oral Federal 9 pero ese sorteo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Luego el caso le tocó al Tribunal Oral Federal 2 con la conformación que tuvo hasta marzo de 2019: Jorge Gorini, Jorge Tassara y Ramiro González Uriburu. Tassara falleció en marzo de 2019 y se sumó como tercer juez Andrés Basso en tanto Adriana Palliotti fue designada como cuarta jueza.

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En el camino hacia el juicio oral el caso tuvo apelaciones que resolvió la Cámara Federal de Casación Penal y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En mayo de 2019 comenzó el juicio que ha llegado al final. Unos días antes del inicio la Corte Suprema de Justicia había pedido el expediente original del caso para resolver los recursos presentados por los imputados. El 21 de mayo de 2019 Cristina Fernández de Kirchner fue acompañada por militantes de su sector político en la primera audiencia del juicio en Comodoro Py. Así se iniciaba un proceso que duró más de tres años. Y que hoy conocerá el veredicto.

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