miércoles 28 de febrero de 2024

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VOTO UNÁNIME

Contundente fallo de la Suprema Corte en defensa de la libertad de expresión de los medios

El máximo tribunal rechazó el planteo de dos ex funcionarios de la gestión de gobierno de Carlos Fernando Arroyo que pedían derecho a réplica la sentirse agraviados por publicaciones. Les recordaron que como funcionarios públicos y lo que significa en términos de exposición.

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Un juicio que ex funcionarios de la gestión de gobierno de Carlos Arroyo emprendieron contra Editorial La Capital S.A tuvo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a favor de la empresa demandada.

Lo resuelto por los magistrados Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria consideraron que en las pruebas acompañadas en la presentación emprendida por los abogados Alejandro Vicente y Gustavo Gil de Muro, que se desempeñaban como secretario de Legal y Técnica y titular de la oficina Legal y Técnica, respectivamente, no encuentran datos o juicios que “puedan ser reputados de inexactos o agraviantes contra los demandantes”.

Frente a esos casos, derivados de publicaciones en ediciones del diario La Capital de Mar del Plata, habían planteado posibilidad de derecho a réplica. Con ese reclamo avanzaron en la escala judicial, incluso hasta la instancia de Cámara de Apelaciones.

Recurrido ese fallo por el medio de comunicación demandado ante la Suprema Corte, ahora llega esta respuesta de los jueces del máximo tribunal bonaerense: “Las publicaciones sobre las cuales el Tribunal de Alzada otorgó el derecho a réplica carecen en verdad de imputaciones agraviantes o inexactas contra los accionantes, tanto respecto de su concreto y personal obrar en el marco de los hechos que dieron causa a la investigación judicial que se hallaba en curso al tiempo de la emisión de las noticias objetadas como de sus comparecencias a prestar declaraciones”, precisan.

Rescatan además que varios de esos artículos que fueron motivo de reclamo contienen “numerosos juicios de valor que constituyeron verdaderos actos de ejercicio del derecho de opinión y crítica respecto de la labor desplegada por los accionantes tanto durante su gestión como funcionarios públicos municipales”.

La defensa, ejercida por los abogados de La Capital S.A., había planteado en su descargo que no se había publicado “información falsa o a sabiendas de su falsedad” aunque admiten que “pueden haber irritado o inquietado a los actores en su calidad de funcionarios públicos”. Pero aclaran que “no hay espacio para replicar opiniones o contestar interpretaciones de hechos o sucesos, formando parte esto del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.

La demanda hace hincapié en 11 publicaciones que circularon desde este medio –tanto en su versión digital como impresa- entre inicios de diciembre de 2019 y octubre de 2020, cuando estos concluían y en mayoría de los casos ya habían finalizado su gestión.

El fallo, que se conoció hoy, reconoce que “el discurso límite y la ironía forman parte del flujo de ideas y opinión en temas de interés público, extremos que deben considerarse amparados por el derecho a la libertad de expresión y comunicación del medio periodístico, sobre el cual no procede el derecho a réplica”.

También es contundente al dejar en claro que frente a los casos motivos de esta demanda “el derecho a réplica tampoco resulta procedente respecto de los juicios de valor editoriales configurativos del libre ejercicio del derecho de opinión y crítica, amparados por garantías constitucionales”.

“El ámbito en el que campea el derecho de rectificación o respuesta es el fáctico o el de los hechos cuya existencia (o inexistencia) puede ser objeto de prueba judicial, quedando excluido el amplio sector en el cual lo decisivo no es atinente a los hechos, sino más bien a su interpretación”, dicen los jueces y precisan: “es el campo de las ideas y creencias, las conjeturas, las opiniones, los juicios críticos y de valor”.

Concluyen además que las publicaciones objetadas atienden a “cuestión de interés público ventilada ante el poder jurisdiccional y en su calidad de funcionarios públicos”. Y les recuerda además que por esa condición “tienen un margen de exposición superior o una tutela más atenuada que los ciudadanos que no ocupan cargos públicos” y les remarca que pretender no encontrarse expuestos a ser referidos por los medios de comunicación en cuestiones públicas en una sociedad democrática no puede ser admisible”.

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