sábado 28 de enero de 2023

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Balance político 2022

El año en que el "Oro Negro" y la "Zona Roja" dejaron bajo la alfombra la vieja agenda municipal

El municipio enfrentó cuestiones pesadas como la exploración de hidrocarburos y la definición de un sector para ejercicio de prostitución.

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Casi superado lo más duro de la pandemia, incluido el último gran brote que se dio justo durante el primer mes de la última temporada, a la gestión municipal a cargo del intendente Guillermo Montenegro le quedó un largo año marcado por una agenda de cuestiones históricas como el transporte público y predio de disposición final de residuos y nuevos desafíos que, además, abrieron debates profundos como la definición de la denominada “Zona Roja” y la exploración de hidrocarburos frente a estas costas.

Todo durante el año de respiro entre un 2021 que se vivió gran parte en campaña, con elecciones legislativas que el oficialismo ganó aquí con holgura, y el horizonte delicado que representa este 2023 que asoma y ofrece casi al final de camino la renovación de mandatos ejecutivos.

Este año que termina marcó además una decidida exposición de diferencias con los gobiernos nacional y provincial, a los que sin reparos se los señaló desde Yrigoyen y Luro como responsables de “discriminación” hacia Mar del Plata y sus vecinos.

*Exploración judicializada

La temporada recién arrancaba, la ciudad volvía a reencontrarse después de dos veranos con la posibilidad de ocupación plena cuando el intendente presentó un recurso de amparo para frenar la exploración petrolera frente a estas costas que el gobierno nacional había autorizado a horas del último Año Nuevo.

Montenegro pidió la nulidad de la resolución que habilitaba la búsqueda de hidrocarburos a 300 kilómetros de estas costas. Pedía información que asegurara que no causaría daño al medio ambiente. Fue el inicio de una batalla judicial, entonces a la par de entidades ambientalistas, que abrieron camino a reclamadas audiencias públicas y estudios de impacto ambiental.

La bola de nieve creció con sectores productivos de la ciudad que exigían pronta resolución para que la oportunidad económica que la actividad representa para la región no pase de largo. Los tiempos de los tribunales hicieron lo suyo y recién hacia mediados del mes pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata autorizó de manera parcial la actividad, ya que puso condiciones. El camino quedó allanado, pero las empresas encargadas de realizar la exploración se quedaron sin buque, que cambió de rumbo por las dilaciones en la resolución judicial. Ahora hay que esperar.

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*La Zona Roja

Lo que comenzó con un proyecto un tanto desatinado de Nicolás Lauría, que había sugerido un corredor lindero al Parque Municipal de Deportes con tránsito cotidiano de menores y adolescentes, transcurrió hacia una forzada definición de una “Zona Roja” en Mar del Plata con destino y límites muy precisos en la zona sur de la ciudad.

El gobierno municipal se había decidido a erradicar la venta de sexo de zonas urbanas y muy habitadas, como la ex terminal y tramos de las avenidas Luro y Champagnat, consolidadas como paradas de quienes buscan su clientela entre las sombras de la madrugada.

La elección fue un sector de 300 metros de la Avenida 10 de Febrero, que desemboca en el Cementerio Parque, descampado y escaso de frentistas como plantea la ordenanza y reclamaba el intendente. “Vamos a sacar la prostitución del frente de la casa de los vecinos”, dijo Montenegro para llevar este proyecto hasta su ajustada aprobación en el deliberativo.

Su implementación aún hoy sigue cargada de cuestionamientos, planteos judiciales y manifestaciones de quienes, en ejercicio de esa actividad, reclaman poder moverse sin tantas restricciones, sin persecuciones (que han denunciado) y mucho menos las sanciones previstas, que se fijaron económicas pero también con posibilidad de intervención y detención policial, según el caso.

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*Y llegaron las fotomultas

La iniciativa venía arrastrada desde la gestión anterior, a cargo de Carlos Arroyo. Había decisión e interés para que se implementara el mecanismo de fotomultas en el distrito de General Pueyrredon, con despliegue de cámaras de monitoreo y radares detectores de velocidad.

Tras largas discusiones se logró la aprobación del convenio firmado con la Universidad Nacional de San Martín. El mecanismo se autorizó a mitad de año y, tras un período de prueba, quedó en funcionamiento a partir de mediados del mes pasado, con multas que oscilan entre 50.000 y 180.000 pesos.

Su implementación es escalonada, con la intención de llegar a unos 50 puntos de control, y requerirá una amplia difusión pública en este inicio de temporada para que los turistas que recién llegan a la ciudad no sean víctimas de sanciones.

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*UTA, boleto y aplicaciones digitales

Dolor de cabeza eterno de cualquier gestión, el transporte público de pasajeros vive aquí en crisis y transpira conflicto a tiempo completo. Las empresas de ómnibus urbanas mantienen un servicio con déficit y con costos altos para el usuario. Según insiste el intendente, responsabilidad del Estado nacional que prioriza subsidios en el AMBA y condena a pasajero del interior a pagar tres y hasta cuatro veces más que en la metrópoli y alrededores.

Por si pocos problemas hubiera, la interna gremial. Los choferes de colectivos en Mar del Plata transitan aún una disputa interna, consecuencia del resultado de la elección de cambio de autoridades celebrada a comienzos de este mes. Y amenaza con medidas de fuerza en los primeros días de enero, casi en coincidencia con un nuevo aumento del boleto, que pasará a valer 119,38 por viaje.

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Y en medio, la batalla del gobierno local con los taxistas, que se resisten a cualquier ingreso a la jurisdicción de las aplicaciones como Uber y Cabify. “Montenegro traidor” se lee en carteles en los móviles. Lo último fue una presentación judicial contra el funcionario responsable de Transporte, por no hacer cumplir la ordenanza que impide que esas alternativas operen en General Pueyrredon.

No los calmó ni siquiera la aprobación de un aumento del precio del servicio ni la implementación de una tarifa nocturna, que intenta ser un incentivo para que no se repita la escasez de móviles que se vio durante la última temporada de verano. Ya habían resistido la instalación de GPS. El enfrentamiento choferes/funcionarios sigue vivo.

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*Toma de tierras

Otra vez la justicia volvió a ser protagonista. El municipio debió ir a tribunales para reclamar que desaloje a un grupo de vecinos que se instaló en tierras de la comuna, en el Barrio Las Heras, decididos a fraccionar esas parcelas y construirse allí la casa propia que reclamaban.

Eran 30, luego medio centenar y todo parecía indicar que en horas se multiplicaría ese grupo que llegaba con cartones, postes y herramientas, listos para improvisar un techo y asegurarse un lugar. La presencia policial evitó que la ocupación sea aún más amplia.

La intervención judicial demoró varios días hasta que llegó la orden de desalojo. Justificó el juez que el lugar tenía condiciones de alivio para drenajes frente a eventuales lluvias intensas en la zona. El tiempo daría la razón al fundamento: pocas semanas después que los intrusos se retiraran por propios medios, esas tierras se convirtieron en una literal laguna al cabo de un fuerte temporal.

*Presupuesto y aumento de tasas

La tensión con la oposición por el presupuesto municipal se extendió casi hasta el mismo momento en que se levanten las copas para despedir a este 2022 y recibir el Año Nuevo. Montenegro presentó a fines del mes último su proyecto, con un aumento de tasas de 73%.

Es la previsión que se toma desde Hacienda en el contexto inflacionario y luego de vivir un año en el que se tuvieron que enfrentar y superar subas de costos importantes, en especial en el rubro salarios, donde los cruces con el sindicado de municipales fueron ya más esporádicos que en años anteriores y los acuerdos llegaron sin tantos sobresaltos, como también ocurrió con los guardavidas que dependen del municipio.

La propuesta pasó por comisiones con los votos del oficialismo y Acción Marplatense. El Frente de Todos se mantiene firme en rechazar estos niveles de ajuste. “Sigue castigando con aumentos a la ciudadanía”, reprochó el concejal Vito Amalfitano para cuestionar tanto la corrección en tasas como la suba del boleto de colectivo. La respuesta del oficialismo es que el porcentaje aplicado está por debajo de la inflación interanual, estimada en casi 100% durante este último período.

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