El gobierno de Colombia explicó por qué le negó la entrada a Juan Grabois

"Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie", escribió en Twitter Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, antes de que las autoridades migratorias colombianas lo obligaran a subir a un vuelo para salir del país.

Ante la denuncia de Grabois, el gobierno colombiano, a través de la oficina de migraciones, explicó por qué no dejó ingresar al dirigente social. “El señor llegó al país con una delegación de 19 personas más. Al momento de realizar el proceso de control migratorio el pasaporte presentaba una inconsistencia, razón por la cual se le pidió que acompañara al oficial a donde el Supervisor con el fin de realizar las consultas correspondientes”, explicó la entidad.

Desde Migraciones, además, señalaron que Grabois comenzó a agredir verbalmente a una oficial diciéndole que no tenía por qué acompañarla a ningún lado y a argumentar que tiene todo el derecho de entrar al país y que lo que se quiere es secuestrarlo.

“En ese momento, debido a la falta de respeto del extranjero hacia el Oficial, se procede a no autorizar su ingreso al territorio nacional. Una decisión que le fue ratificada por la Supervisora, quien aparece en un video grabado por la delegación, y en donde de ve que el extranjero le dice que acaso quién es ella para decirle que no puede entrar a Colombia”, se explicó en un comunicado.

Grabois contó en Twitter que lo subieron a un avión con destino a Perú: "Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adiós Colombia ¡Fuerza!"

En un audio publicado por la misión de observadores, Grabois contó que fue "agredido con empujones y un golpe en la cara por dos funcionarios de migraciones", y luego otros dos oficiales le informaron que se le "denegaba el ingreso" porque su "presencia era una amenaza para la seguridad del Estado".

La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también en las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.

La misión se decidió "ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano", explicaron los organizadores del viaje antes de partir.

En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron en Colombia, cientos fueron heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continúa.

Desde la misión denunciaron desde un primer momento el trato diferente que recibió Grabois.

"Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto", explicó uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa, del movimiento Patria Grande, desde el aeropuerto internacional de Bogotá.

En su Twitter, la misión también informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, estuvo "demorado" por asumir la defensa de Grabois mientras intentaban evitar que fuera enviado de vuelta a Buenos Aires.

"La delegación argentina de derechos humanos y solidaridad con el pueblo colombiano estamos acá varados a la espera de saber por qué motivo han demorado al compañero Juan Grabois. Están negando el ingreso al país del compañero sin ninguna información o presentación formal, y el conjunto de la delegación argentina está aguardando aquí, exigiendo por supuesto garantías por su integridad y garantías por el resto de la delegación que tiene que venir a cumplir una función humanitaria al país", informó a Télam Marianela Navarro, coordinadora de la misión.

Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El objetivo final del viaje es que el grupo pueda "elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar (las violaciones a los derechos humanos) a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano".

En la delegación están Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).

Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.