viernes 24 de mayo de 2024

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El Gobierno enviará un proyecto de ley para bancarizar los aportes de campaña

Según fuentes del Gobierno, el proyecto llegaría el viernes a la Cámara de Diputados

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Las denuncias sobre irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Cambiemos bonaerense del año pasado obligó al Gobierno a actuar. En las últimas horas consensuó presentar de manera "inminente" y con la firma del propio presidente Mauricio Macri la nueva ley de financiamiento político.

El proyecto está listo desde febrero pasado y contiene, entre otros puntos, la bancarización obligatoria de todos los aportes a los partidos políticos. Según fuentes del Gobierno, el proyecto llegaría el viernes a la Cámara de Diputados.

Las recientes denuncias de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo e, incluso, dirigentes provinciales de Cambiemos, quienes negaron haber aportado para la campaña de Cambiemos en la provincia a pesar de figurar en los listados oficiales, motivaron reuniones de urgencia entre funcionarios nacionales y bonaerenses.

"Más allá del contexto, prometimos presentarlo entre julio y agosto. Y cumplimos", se defendían desde un despacho importante de la Casa Rosada.

La secretaria de Relaciones Parlamentarias, Lucía Aboud, y el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, motorizaron el proyecto, cuyos últimos retoques se dieron en la Secretaría de Legal y Técnica. La primera posibilidad que se barajó es que lo presentara un diputado de Cambiemos, pero luego se optó por otra opción: un proyecto firmado por el Poder Ejecutivo, que podría comenzar a ser tratado por el Congreso luego del receso invernal.

Según el último borrador, el proyecto, que formaba parte de la frustrada reforma política y electoral impulsada por la Casa Rosada, prohíbe de manera total las donaciones en efectivo, muy comunes en encuentros políticos de campaña, como las cenas de recaudación de fondos. También habilita aportes empresariales, pero con un tope preciso: el 2% sobre el total de los gastos permitidos para un partido.

Si bien algunas ONG discuten la inclusión de fondos provenientes de empresas, en el Gobierno creen que el tope es suficiente para evitar "influencias excesivas", y además destacan que se prohíben aportes de empresarios del juego, contratistas del Estado y donaciones extranjeras, entre otras.

Se establece, además, la obligatoriedad para que organismos públicos como la UIF, la Procelac, la Oficina Anticorrupción y la AFIP, entre otros, compartan con la Cámara Nacional Electoral la información que poseen, para evitar la inclusión de fondos provenientes de ilícitos en las campañas de los partidos.

El proyecto establece, además, un registro de proveedores y servicios que controlará la Cámara Nacional Electoral, como forma de evitar gastos que luego son difíciles de controlar. Como muestra adicional de búsqueda de transparencia, se propone extender el plazo de prohibición para la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto, de los 15 días actuales a 30 días.

Fuente: La Nación.

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