El director operativo del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, presentó este miércoles un recurso de amparo colectivo contra la ordenanza que prevé la regulación de la "Zona Roja" en Mar del Plata. El organismo considera que la norma es "inconstitucional". Fue ante la Justicia Federal de Mar del Plata y recayó por sorteo en el Juzgado Federal 4 de Alfredo López.

La acción de amparo se interpone contra la normativa aprobada hace dos semanas en el Concejo Deliberante, que dispone “regular la oferta y demanda de servicios sexuales" en la vía pública. La ordenanza permite la aplicación de multas y la privación de la libertad de personas “que son víctimas de explotación sexual”, según la denuncia del comité.

"Hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación", solicitó Vera.

En el escrito presentado ante la Justicia, sostiene que existe un alto riesgo que, de ejecutarse la ordenanza, “se vean afectados tanto los derechos humanos de las personas en situación de prostitución dentro como fuera de la "Zona Roja", siendo multadas o detenidas por las fuerzas de seguridad”.

"Es harto conocido que las mujeres que ejercen la prostitución rara vez lo hacen por cuenta propia y siempre es a partir de la vulnerabilidad que deciden llevarla a cabo”, indicó y señaló que “son víctimas de explotación sexual, y ante la falta de mejores oportunidades suelen ser revictimizadas incluso con ordenanzas como la que discute".

Según el comité, “la ordenanza lesiona la ley 12331 que, en lo que aquí compete, prohíbe en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. “Asimismo, en su artículo 17 dispone que quienes sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa o prisión”, afirmó.

“También contradice seriamente el principio de razonabilidad toda vez que su reglamentación afecta los compromisos asumidos con los organismos internacionales a partir de incorporar a nuestra Carta Magna las convenciones internacionales en el artículo 75, inc. 22, luego de la reforma de 1994, en especial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)”, agregó.

El escrito presentado por Vera cuestionó: "¿Existe diferencia entre que se ejerza la prostitución en una 'casa de tolerancia' o en la vía pública? El Estado Municipal, ¿se halla en condiciones de garantizar que no exista explotación sexual, que el crimen organizado no corrompa a las autoridades con poder de policía que controlen la zona en los horarios específicamente indicados por el ejecutivo municipal? ¿No está el Estado Municipal promoviendo o facilitando la prostitución de personas?"

El recurso de amparo presentado por el Comité advirtió en sus consideraciones finales: "Un municipio puede echar por tierra todos los tratados internacionales, leyes nacionales y el compromiso que el Estado Nacional viene llevando adelante para combatir la trata de personas y asistir a sus víctimas para recomponer sus derechos".

Vera subrayó que “mientras 26 municipios de 9 provincias acaban de sancionar cupos laborales para dar trabajo digno a personas que eran víctimas de la explotación sexual; 2 provincias (Catamarca y Chaco) ya votaron leyes de inclusión laboral y 7 provincias más se disponen a seguir el mismo camino, el Concejo Deliberante de Mar del Plata, contra la corriente, las leyes y las convenciones internacionales promueve, fomenta y organiza la prostitución e incluso pretende encarcelar y multar a las personas prostituidas en situación de extrema vulnerabilidad.”

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