El fiscal general federal, Daniel Adler, presentó una denuncia penal por la sucesión de ataques de perros sueltos en Mar del Plata. El último hecho ocurrió el fin de semana, cuando una mujer vivió un violento episodio mientras caminaba por la zona de Varese.

Entre otras cosas, el funcionario solicitó que se ordene al Ejecutivo adoptar las medidas sanitarias correspondientes para evitar la circulación de perros sueltos y peligrosos para las personas, y que se garantice el abastecimiento de vacunas antirrábicas.

Según expuso, la falta de intervención en los ataques “pueden constituir delitos de acción pública que afectan a la comunidad”. “Se trata ni más ni menos, del elemental derecho a la integridad física y a la vida de las personas que habitan el Partido de General Pueyrredon, derechos que se ven afectados o puestos en riesgo por jaurías de perros qué pululan por diversos sectores de la ciudad, muerden y lastiman a las personas y generan la posibilidad de transmisión de una enfermedad mortal: la rabia”, detalló.

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La denuncia, a la que tuvo acceso Ahora Mar del Plata, está dirigida a quienes “tienen el deber institucional de preservar la vida, la integridad física y el derecho a circular libremente de la población y no toman las medidas y recaudas necesarios y suficientes para evitar todo tipo de riesgo o lesiones de parte de perros sueltos y peligrosos”.

“Pese a tener conocimiento del grave riesgo de la población en relación a jaurías de perros que atacan personas en el distrito de General Pueyrredon, la autoridad competente no habría tomado las medidas adecuadas para evitarlo”, sostuvo y enumeró los tres casos que ocurrieron durante este año: dos en la zona de Punta Mogotes y el del último fin de semana.

“La reiteración de estos hechos y el presunto incumplimiento de los deberes funcionales pone en riesgo a toda la comunidad que convive a diario con estas situaciones, por lo que requeriré las medidas cautelares de protección de las personas tanto en lo que se refiere a la los perros sueltos y peligrosos como a la provisión de vacunas antirrábicas”, agregó Adler en la denuncia.

La reiteración de estos hechos pone en riesgo a toda la comunidad que convive a diario con estas situaciones.

Al mismo tiempo, consideró que “el hecho objeto de investigación encuadra en delitos de tipo funcional, esto es abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, de acuerdo a lo que determine la investigación”, consideró

A partir de la gravedad de los hechos, Adler solicitó al juez de Garantías distintas medidas. En primer lugar, que se ordene al Poder Ejecutivo Municipal adoptar la medidas sanitarias correspondientes para evitar la circulación de perros sueltos y peligrosos para las personas.

Por otro lado, pidió que se ordene a los organismos competentes de orden nacional, provincial y municipal para que adopten las medidas necesarias a fin de que los Centros de Salud del municipio dispongan de stock permanente de vacunas antirrábicas.

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