El juez federal Santiago Inchausti procesó a 20 personas -entre ellas dos médicos que trabajaban en el hospital Interzonal- acusadas de tramitar jubilaciones y pensiones de invalidez “truchas” en la Anses. Se estima que la defraudación a la administración pública ronda los 100 millones de pesos.

Tras el requerimiento formulado por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Nicolás Czizik, la Justicia resolvió el procesamientos de los imputados en la causa que investiga a una asociación ilícita dedicada a gestionar y obtener beneficios previsionales y de la seguridad social ilegítimos.

Los dos médicos están acusados de integrar la organización y las otras 18 personas procesadas solicitaron los beneficios previsionales y quedaron imputadas por defraudar a la administración pública.

La resolución de la justicia federal llega después de una profundización en la investigación y nuevos allanamientos ordenados el mes pasado, en función de la ampliación de la denuncia que realizó la Aanses, por múltiples irregularidades detectadas en la tramitación, pagos y cobro indebido de beneficios de Retiro Transitorio por Invalidez (RTI), en los que habrían intervino algunas de las personas ya procesadas.

El avance de la investigación y consiguientes allanamientos devinieron en el pedido de la fiscalía de ampliar el objeto procesal, en el que se contemplaron esos nuevos casos denunciados por la Anses a fines de julio, aquellos contemplados en expedientes judiciales secuestrados en el estudio jurídico previsional allanado en el marco de esta causa, y los informados por el Juzgado Federal N°4.

Se trata de haberes ilegítimos que van desde los 4 mil pesos a más de 28 mil, con retroactivos que alcanzan hasta un millón y medio de pesos. Entre las patologías aducidas por los médicos, se repite la “Reacción Vivencial Anormal Neurótica” en distintos grados.

Las maniobras

En la totalidad de los casos se constató una misma metodología para defraudar las arcas del Estado: un determinado beneficiario inicia el trámite ante la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Mar del Plata, bajo el patrocinio letrado, mayormente, de dos de los imputados. Con el fin de obtener y reunir los requisitos exigidos por ley, se falseaban relaciones laborales, con empleadores inexistentes en muchos casos. A su vez, el beneficiario o beneficiaria aducía alguna patología –para ello contaban con certificados de los médicos ahora procesados-, por lo que eran evaluados por personal de la Comisión Médica 12, donde se le otorgaba un determinado porcentaje de incapacidad que no llegaba a ser, en la mayoría de los casos, el que la ley exige para habilitar la concesión de la pensión.

Por lo tanto, apelaban ese dictamen ante la Comisión Médica Central, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que dictaminaba un porcentaje de incapacidad que tampoco alcanzaba para otorgar el beneficio. De esta manera, tomaba intervención la Cámara Federal de Seguridad Social que, previo a resolver, solicitaba vía exhorto a los Juzgados Federales Civiles de esta ciudad que el beneficiario sea visto por un perito médico oficial o de un centro médico público. Para que puedan intervenir los profesionales implicados, reparó el juez al dictar los procesamientos, la organización delictiva fijaría el domicilio de los beneficiarios en Mar del Plata.

Pudo demostrarse que en esos trámites se simuló la intervención de médicos de un hospital público -que resultó ser el Hospital Interzonal General de Agudos-, cuando en realidad los pacientes no eran revisados allí, ni los médicos que suscribían los informes, pese a formar parte del plantel del hospital, lo hacían en tal carácter. De hecho, el propio hospital había informado en varias oportunidades que allí no se realizaban peritajes, no obstante lo cual los dictámenes aparecían en el expediente, sin trámite interno previo alguno, suscriptos por médicos del hospital en hojas membretadas. Todo para simular la contundencia de un examen que era realizado por un médico que formaba parte de la organización criminal, y que en la actualidad se encuentra prófugo, alterándose los porcentajes de discapacidad requeridos por la ley.

El rol de los médicos

En particular, la intervención de los médicos ahora procesados dentro del aparato delictivo montado consistía en su participación en los trámites de RTI. Pudo comprobarse que los miembros del estudio jurídico investigado derivaban a los clientes al consultorio médico de uno de los imputados, a los fines de que extendiera un certificado médico, historia clínica o un resumen para acreditar su incapacidad física o psíquica. Luego, se presentaban estos certificados o dictámenes ante la Comisión Médica Nº12, con el fin de tramitar un RTI.

En forma similar, el otro médico que tiene la especialidad de psiquiatría realizaba exámenes a los clientes del estudio y extendía certificados médicos con la patología “Reacción Vivencial anormal Grado III”, entre otras, lo cual no se reflejaría con la realidad psiquiátrica del paciente, a los fines de obtener un beneficio de retiro transitorio por invalidez.

Comentá y expresate