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Qué hay detrás de los robos en el playón municipal de Tres Arroyos y Garay

Un informe de la Justicia advierte sobre "gruesas fallas" en materia de seguridad, "alarmante desorden administrativo y edilicio" y comprobantes truchos de pago de multas.

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14 de julio de 2022 - 09:47

Un informe de la Justicia advierte sobre "gruesas fallas" en materia de seguridad y un "alarmante desorden administrativo y edilicio" en el playón municipal ubicado en Tres Arroyos y Garay.

Tras la explosión y el incendio en el predio que afectó a más de 40 autos en las últimas horas, el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) de la Fiscalía General de Mar del Plata emitió un duro informe sobre "la llamativa recurrencia de hechos delictivos" en el playón.

"En lo que compete a la parte municipal se advierten serias falencias en la seguridad material del predio, destacándose en tal sentido la poca cantidad de personal de seguridad o directamente su ausencia, la falta de debidos controles del ingreso y egreso de personas al predio y la ausencia de un sistema de cerramiento acorde en la entrada oficial del predio (solo hay una barrera de metal, fácilmente superable)", enumera el informe. Y agrega: "La inexistencia de alambrados perimetrales lo tornan permeable, la escasa o nula iluminación nocturna, la falta de cámaras de seguridad en el perímetro exterior (solo existe una instalada en calle Alberti y Nasser) y en el interior, la existencia de puntos ciegos que impiden un correcto monitoreo del lugar, destacándose también la baja calidad de las imágenes grabadas por el sistema, que tornan dificultoso la identificación de personas y vehículos".

Según el CATI, en la parte administrativa "se observan notorias deficiencias" tanto en los registros de ingreso y egreso de vehículos de las guardias. "Se utiliza un anacrónico sistema manual y manuscrito (libros) susceptibles de ser modificados discrecionalmente y que no encuentran otra posibilidad de escrutinio que no sea a través de su tedioso cotejo, ya que muchos de los asientos resultan ilegibles o con tachaduras, impidiendo conocer a ciencia cierta y en el momento no solo el destino de los vehículos secuestrados, sino también las existencias que debieran encontrarse en el lugar", indica el informe.

Además, el grupo de instructores judiciales de la Fiscalía General señala que el playón "se encuentra fuera" del Sistema de Gestión Municipal (SIGEM) en conexión con los Juzgados de Faltas. "Los agentes no pueden acceder a la consulta online y en estado real del estado de los expedientes iniciados a raíz de las faltas de tránsito y especialmente de las resoluciones que aquellos tribunales disponen, en los casos que corresponde su intervención obligatoria, respecto a los ceses de los secuestros y a las consecuentes órdenes de restitución de los vehículos", sostiene.

"Esta circunstancia trae aparejado que se deban entregar los vehículos a los particulares con la presentación del respectivo oficio del Juzgado y la documentación que acredita la titularidad registral o al menos la tenencia legítima de los rodados y las condiciones reglamentarias para circular (VTV y seguro), la cual debe controlarse en el predio. Se ha constatado en muchos casos la utilización a tal efecto de oficios y comprobantes de pago de multa truchos, como así también la entrega de vehículos con documentación francamente irregulares", advierte.

El informe también le dedica un párrafo especial a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. "Desde mayo de 2011 cuenta con el Registro Único de Vehículos Secuestrados para centralizar la información de los automotores y autopartes secuestrados judicialmente y bajo custodia de las distintas comisarías y dependencias policiales en una única base de datos, su uso no es uniforme y continúa alternando con los registros en soporte papel y a través de la modalidad de Libros de Cargos que se completan a mano alzada o bien en legajos sueltos que muchas veces terminan extraviados", afirma. "Ni que decir en cuanto a los registros de movimientos de personal y novedades, que en pleno siglo XXI continúan plasmándose en los arcaicos “libros de guardia”, también confeccionados a mano, de muy difícil lectura y entendimiento", apunta.

"A estas situaciones se agregan las omisiones, discrepancias y falencias en los inventarios (en lo municipal, acta de secuestro preventivo) y en los documentos de cadena de custodia”(policía) que se confeccionan al momento del secuestro material de los vehículos y en cada movimiento que se hace respecto de ellos", se lee en el informe.

Para el CATI, estas irregularidades "conspiran contra la actividad probatoria" de cualquier investigación. "Todas estas circunstancias tornan extremadamente dificultoso determinar en qué momento y circunstancias se produjo el hecho ilícito y con mayor razón sindicar —con la precisión que requiere una imputación penal— a su autor material y eventualmente a los empleados y funcionarios públicos que tenían a su cargo la custodia material de los bienes al tiempo de su sustracción. Casi la totalidad no encuentran otro carril de resolución que el inexorable archivo de las actuaciones, sea por no poder avanzarse en la pesquisa por desconocerse las circunstancias temporales del hecho, por resultar su autor ignorado o falta de pruebas para eventualmente sostener una imputación o bien directamente por inexistencia del delito", explica.

"La reiteración sistemática y la aquiescencia frente a estos hechos no hace otra cosa que poner sobre tablas la desatención de las autoridades frente un problema histórico, revelada en las alarmantes fallas de seguridad y administrativas verificadas en el predio, que a estas alturas resultan inadmisibles e imponen ser urgente y seriamente abordadas por todos los actores, incluyendo lo que toca a esta función judicial", señalan los instructores judiciales.

"Semejante desorden tiene consecuencias. No sólo coadyuva a evaporar cualquier intento de llevar a cabo una investigación seria sobre los hechos ilícitos que allí ocurren, sino también contribuye notablemente a consagrar la impunidad", agregan.

Desde el CATI sugieren "la pronta convocatoria y apertura de una mesa de diálogo" con las autoridades del Municipio de General Pueyrredón y de la Jefatura Departamental para analizar conjuntamente con el Ministerio Público "la adopción de acciones positivas y medidas concretas tendientes a solucionar la grave problemática en playón de Tres Arroyos".

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