A partir de un trabajo articulado entre el equipo de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) de la ciudad, la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de General Pueyrredón y la Fiscalía Federal N°1, el Registro Civil de la provincia de Santiago del Estero rectificó la identidad de género en la partida de nacimiento de una mujer trans de 58 años nacida en la localidad Villa Balnearia del departamento santiagueño de Río Hondo. Esta modificación permitirá que la consultante, Jorgelina Bernarda, tramite un Documento Nacional de Identidad (DNI) respetuoso de su identidad de género.

La imposibilidad económica de Jorgelina para viajar hasta su ciudad de origen, sumada al impedimento de leer y escribir y a su situación de vulnerabilidad fueron los obstáculos que durante mucho tiempo le impidieron avanzar en la rectificación de la partida que ya le fue entregada en el Centro Integrador Comunitario del barrio El Martillo, uno de los puntos de atención que la Dirección General de Acceso a la Justicia (DGAJ) mantiene en la ciudad.

Jorgelina inició su consulta a través de Agustina Ponce, trabajadora de la Dirección de Políticas de Género municipal e integrante de la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), quien hizo el contacto con el equipo de ATAJO Mar del Plata. De esta manera, la agencia de la DGAJ y la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, realizaron el acta correspondiente para luego derivar las actuaciones a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la DGAJ, encargada de la articulación con otras provincias.

Si bien la situación de Jorgelina llegó de manera individual, su problemática es colectiva ya que contiene elementos que son comunes a gran parte del colectivo trans”, sostuvo la coordinadora de ATAJO Mar del Plata, Lucía Muraca. En este sentido, destacó que “los factores de vulnerabilidad que afectan a quienes se acercan con esta problemática, suelen estar relacionados con su condición de migrantes, de género y económica, ya que es muy común que las personas trans sean expulsadas de sus hogares a temprana edad y se vean obligadas a abandonar su lugar de origen por la estigmatización que sufren, lo que muchas veces redunda en la imposibilidad de acceder a la educación y la salud”.

Por su parte, Ponce señaló la importancia de la actuación en términos de política pública al considerar: “Esto abre la posibilidad de resolver una cuestión que no contempla la reglamentación de la Ley de Identidad de Género, puesto que muchas compañeras migramos y muchas veces nos resulta imposible volver a nuestra ciudad natal por no contar con los recursos económicos necesarios ni un trabajo que nos permita acceder a ellos”.

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