Una de las viudas de los tripulantes del Repunte, pesquero que se hundió con toda su tripulación mientras navegaba en aguas patagónicas, vive una dramática situación ante un inminente desalojo por no poder afrontar obligaciones porque no puede cobrar una pensión hasta tanto la justicia dé por muerto a su marido.

Silvia de la Hoz, viuda del marinero Marcelo Islas, madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, vive hoy en un ambiente prestado por un familiar dado que la situación que le toca afrontar no le permite costear un alquiler. Tuvo que dejar la vivienda en la que habitó durante 21 años.

Nunca tuvo que pasarme esto porque tendría que estar cobrando la pensión y haber cobrado la indemnización de la ART, pero la justicia no firma la presunción de fallecimiento”, dijo a Ahora Mar del Plata sobre este dramático momento que se extiende y no tiene un horizonte de pronta solución."Es burocracia judicial", acusa.

Dice que lleva 39 meses a la espera de la conclusión de ese trámite que le corresponde al expediente Nº 26285/2018 que se tramita ante la justicia federal. Y también aguarda que se la autorice –desde el expediente Nº FMP 39018/2017 – para disponer del dinero que depositó la ART Federacion Patronal.

“Imaginen que tengo un trabajo por horas, que antes de la pandemia era muy poco y ahora se hace más que imposible conseguir algo nuevo”, explicó sobre las dificultades para sobrellevar esta situación que implica cargar con el dolor por la pérdida de su esposo y esta instancia de quedarse sin la casa en la que vivieron durante más de dos décadas con su familia.

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Recuerda que solo una de las familias de los siete tripulantes que viajaban en el Repunte pudo cobrar la pensión. Otras cuatro oriundas de Mar del Plata y la restante de Puerto Madryn están en la misma situación de ella, esperando que la justicia avance con la firma de estos documentos que para ella resultan vitales.

La presunción de fallecimiento, remarca, es apenas un primer paso. Ya que luego debe avanzar con ese trámite ante el Registro Civil y recién entonces desembarcar en la Anses, donde al cabo de unos seis meses recién podrían autorizarle el cobro del beneficio.

Mientras tanto no solo abandonó la casa, reclamada por el dueño ante las dificultades para pagar el alquiler. Se tuvo que desprender de casi la totalidad de los muebles, algunos de los cuales vendió y otros tuvo que regalar ya que no tenía donde guardarlos. .

El trámite lo inició en agosto de 2018 y sigue esperando. Una parte le corresponde a ella y por la misma vía pero en un tribunal de familia sigue pendiente la parte que le corresponde a los hijos menores, también imposibilitados de acceder a esos fondos hasta tanto la justicia considere muerto a Islas.

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