martes 20 de febrero de 2024

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COMUNICADO

Caipa advierte que Ley Ómnibus pone en riesgo a la pesca y condena a la industria naval

Industriales del sector pesquero reclaman al gobierno, y en especial al Congreso, que no modifiquen la Ley Federal de Pesca por los riesgos de pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas.

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Un documento difundido por la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) reclama a autoridades del Ejecutivo y legisladores nacionales que rechacen cualquier modificación de la Ley Federal de Pesca que se impulsa desde el proyecto de “Ley Ómnibus” y advierten que cualquier cambio “pondrá en peligro la existencia de las empresas y el nivel de ocupación de su personal”.

Así de contundente es la postura de esta entidad que comparte con otras cámaras empresarias y gremios del sector la necesidad de evitar que prospere esta iniciativa que se está analizando en el Congreso de la Nación a partir de una propuesta del gobierno que conduce Javier Milei.

Advierten como errores la modificación pensada para la distribución de cuotas de pesca que, se acuerdo al proyecto oficial, se propone que “se liciten al mejor postor” con el que se dejaría de lado un sistema que contemplaba “inversiones, las exportaciones que había efectuado en todos los mercados del mundo, el nivel de ocupación de mano de obra argentina y los productos elaborados”.

Consideran que por ese camino se dejan de tener en cuenta las consecuencias que esas licitaciones pueden tener para las empresas que actualmente desarrollan esa actividad “y sobre todo, para el personal de las empresas que puedan perder la cuota con motivo de una licitación”.

En cuanto al caladero palpitan un impacto negativo ya que al oferente en el marco de la sugerida licitación de cuotas no se le exigirían “garantías por incumplimientos a la legislación pesquera que pueda producir”.

“Se elimina la obligación de descargar los productos de la pesca en puertos argentinos, con las consecuencias que ello puede significar para el nivel de ocupación existente en esos puertos”, dicen sobre uno de los impactos directos sobre la mano en tierra. El otro, señalan es sobre la industria naval. “Se pone en riesgo todas las inversiones realizadas por la misma y su actividad”, dicen desde Caipa.

Como ejemplo citan que, a consecuencia de este proyecto, se produjo “inmediata cancelación de todos los proyectos de construcción de buques que existían” puesto que los armadores “no tienen certeza de si luego podrá obtener una cuota para poder operar” con esa embarcación.

“Se proyecta la eliminación de la obligación de tripular los buques con tripulación argentina”, afirman y acotan que tampoco se protegerá el caladero en aguas nacionales.

Recuerdan que legisladores, como así también los gobernadores de las provincias con litoral Atlántico y los intendentes de las ciudades portuarias “ya advirtieron de las imprevisibles consecuencias socio económicas que la aprobación del proyecto podían ocasionar”.

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