sábado 21 de enero de 2023

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Medida cautelar

Juez suspendió la licitación para la operatoria del predio de disposición final de residuos

Atendió el planteo de una firma interesada en competir y puso en pausa la definición prevista para el próximo 27. La firma que llevó adelante el reclamo considera que el proceso, tal cual está, es "un traje a medida" para la actual operadora.

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La justicia hizo lugar al planteo realizado por una firma interesada en competir en la licitación del predio para la disposición final de residuos del partido de General Pueyrredon y dispuso la suspensión de este proceso que estaba previsto para fines de este mes.

Los argumentos incorporados en la presentación de la empresa Entrans S.A alcanzaron al juez Marcelo Fernández, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 disponer la medida cautelar reclamada al entender que el desarrollo de esa licitación incluía cláusulas que “procuran su contratación direccionada a favor de un tercero”.

La citada firma considera que formas incorporadas a esta licitación “resultan nulas” porque tendrían como propósito “materializar un desvió de poder para favorecer la contratación de quien se encuentra actualmente operando el predio de disposición final de residuos”, en referencia al Grupo Económico Transportes 9 de Julio compuesto por las firmas 9 de Julio, Ciageser S.A. y Esur S.A..

“Aseguró que el modo en que se delinearon las cláusulas que regulan las condiciones de las ofertas restringen en demasía (si no obturan) la eventual participación que en términos formales la licitante la ha invitado a realizar”, fundamentaron de manera categórica desde Entrans S.A.

Por este y otros criterios a los que el juez Fernández hace lugar es que resuelve “retrogradar la Licitación N° 4/22 -conforme el pliego aprobado por Ordenanza 25.701- al estadio previo a la publicación de la convocatoria y (ii) suspender provisionalmente el art. 16.3 del Pliego de Bases y Condiciones” por cuanto establece que para acreditar capacidad técnica por los oferentes “prevé la posibilidad de aceptar la acreditación de experiencia en materia de Recolección, Barrido y Servicios Especiales de Residuos Sólidos Urbanos”.

Como recaudo de ejecutoriedad de la medida dispuesta exige una caución real establecida en 7.555.000 pesos equivalente al 1% del valor total anual del contrato previsto en esta licitación, cuyo presupuesto por doce meses supera los 755 millones de pesos.

La firma litigante advertía a la justicia sobre un “direccionamiento encubierto” en este proceso licitatorio ya que, por ejemplo, fijaba entre las condiciones que el oferente debía acreditar “idoneidad y experiencia de 15 años”.

También apuntan contra la exigencia de experiencia como contratista en una ciudad del territorio nacional “de similar o superior población que el Partido de General Pueyrredon. “Afecta la concurrencia y traduce un traje a medida para quien opera actualmente el predio de disposición final”, advirtieron desde Entrans S.A. al entender que solo seis distritos igualan o superan en población a Mar del Plata y Batán. E insisten que con esas condiciones “no existen empresas que puedan ofertar que no estén vinculadas al grupo empresario que el Municipio buscaría beneficiar con la adjudicación del contrato”.

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