sábado 26 de noviembre de 2022

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A las 10.30

Municipio y protagonistas de toma de tierras se verán las caras este jueves en audiencia de mediación

Están convocados en una primera instancia de diálogo para alcanzar una solución pacífica al conflicto en el barrio Las Heras. Desde la comuna anticipan que no hay posibilidad de diálogo si antes no abandonan el predio.

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El juez de Garantías, Saúl Errandonea, rechazó el pedido de desalojo que presentó el intendente Guillermo Montenegro y que luego acompañó el fiscal Juan Pablo Lódola y, como parte de su respuesta, sugirió como primera alternativa avanzar hacia una salida consensuada para el caso.

Disconformes con la medida, desde el Ejecutivo municipal se decidió apelar la resolución del magistrado, presentación que formalizó hoy en tribunales y por la que está a la espera de lo que resuelva ahora un tribunal de alzada.

“Vamos a asistir mañana a la audiencia de mediación penal pero haremos saber que bajo ningún punto de vista vamos a aceptar algún tipo de dialogo en la medida en que sigan en el lugar”, aseguró a Ahora Mar del Plata el secretario de Seguridad del municipio, Martín Ferlauto.

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La cita es a las 10.30 y, en este caso, quedarían cara a cara funcionarios municipales con representantes de los participantes de esta toma de tierras linderas al polideportivo de barrio Las Heras, un sector descampado comprendido sobre el frente sur de Avenida Fortunato de la Plaza, entre Rufino Inda y Reforma Universitaria. El fiscal no participará.

Ferlauto remarcó que lejos de ir a una posible situación de contexto en este ámbito de mediación tienen previsto reforzar el planteo que mantienen desde el inicio de esta toma: “vamos a pedir medidas para que avancen los procesos penales en su contra y para que les retiren los subsidios y los planes que cobran”, anticipó.

La respuesta del juez al pedido de desalojo que realizó Montenegró y acompañó Lódola contemplaba una salida pacífica como primera opción. Al mismo tiempo fijó algunas condiciones: que no se permita ingreso de nuevos ocupantes al predio y a los funcionarios públicos les encomendó garantizar a esas personas provisión de agua, asistencia sanitaria y médica, entre otras responsabilidades.

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