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SUSCRIBITEUn proyecto presentado desde el bloque de concejales de Unión Cívica Radical propone que el municipio disponga de un mínimo de 1% de sus vacantes de personal para la incorporación de jóvenes egresados de distintos dispositivos de cuidado como hogares convivenciales y casas de abrigo.
La iniciativa busca darle igualdad de oportunidades a jóvenes de 18 a 21 años que pasaron por esos espacios y considera que tanto el sector público como el privado, que también queda invitado a ser parte, pueden darles una oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
El texto ingresado al deliberativo y que espera debate en comisiones corresponde al concejal Daniel Núñez, que consideró viable esta propuesta a partir de dar respuesta a necesidades que en algunos casos son muy urgentes, por dificultades en sus ingresos.
“Con apenas 18 años y después de haber sufrido abandono, violencia o u otros tipos de vulneración de derechos en su historia de vida, deben retirarse de los dispositivos de cuidado, por alcanzar la mayoría de edad y salir a buscarse la vida adulta siendo protagonistas genuinos con escasez absoluta de recursos”, explica el edil y aclara que “en muchos casos sin una red de contención y en otras ocasiones en absoluta soledad y desamparo social, que profundiza el proceso de vulnerabilización que han vivido”.
Se propone que esta metodología de incorporación a la planta municipal alcance tanto al listado de personal permanente como temporario y transitorio o contratado, mecanismo de ingreso que tendría como autoridad de aplicación a la Dirección de Niñez, Juventud y Familia.
A tal efecto se crearía un “Registro de Egresadas y Egresados de hogares asistenciales, casas de abrigo y dispositivos de cuidado”, que estará a cargo del Equipo del Programa Autonomía Joven dependiente de la Dirección de Niñez, Juventud y Familia.
Núñez, acompañado en el proyecto por sus pares de bancada Marianela Romero y Gustavo Pujato, cita estadísticas recientes que confirman que un 58% afirmó no haber tenido un adulto referente ni contar con una red de ayuda comunitaria, un 75% aseguró no haber participado de un plan de egreso y el 62% afirmó haber abandonado sus estudios secundarios después de su egreso.
“La transición hacia la vida adulta debe contar con un sistema de promoción y protección de los derechos que coordinadamente trabaje de forma integral para garantizar el pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, dijo Núñez.
Los beneficiarios de esta alternativa deben tener entre 18 y 21 años o un máximo de 25, solo en el caso que estudien o se capaciten en un arte u oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 663 del Código Civil y Comercial.
Un equipo especial conformado al efecto se encargará entonces de asistencia, acompañamiento, evaluación, monitoreo y seguimiento de los jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos.