A raíz del escándalo protagonizado por la actriz Andrea del Boca, el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, pide investigar a las universidades que ofrecieron y ofrecen servicios por contratación directa y que de esta manera eliminan el proceso licitatorio.
En la ciudad, hay un caso conocido que involucra a la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata y a la gestión del intendente Carlos Arroyo: el proyecto para prestar el servicio de las fotomultas.
La Municipalidad impulsa un polémico convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata para implementar el proyecto antes de la temporada de verano. El principal punto que genera controversia se da por el porcentaje de la recaudación de las multas: el municipio cobrará apenas un 40% -un 26% menos de lo que percibiría a través de un llamado a licitación-, la UTN otro 40% y el restante 20% irá a las arcas de la Provincia.
A fines de 2015, el ex jefe comunal Gustavo Pulti abrió la licitación pública Nº 21/15 para poner en marcha el sistema de fotomultas, con un presupuesto de casi 223 millones de pesos. La iniciativa contemplaba un 66% de la recaudación de las multas para la Comuna, apenas un 14% para el adjudicatario privado y un 20% para el gobierno bonaerense.
En una decisión polémica, el intendente dio marcha atrás con la licitación y avanza en la contratación directa con la UTN, que se ocupará de generar el software para las fotomultas. Se trata de una Universidad que, al ser estatal, evita el paso del llamado a licitación. Pero los antecedentes no son favorables: en la Oficina Anticorrupción existe desde 2011 un expediente iniciado por una denuncia anónima contra las autoridades de la UTN de La Plata por supuesta asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por irregularidades en el sistema de fotomultas.