Hace algunos días la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires falló a favor de la mujer en su juicio civil contra el Poder Ejecutivo realizado en octubre del 2000, y según determinaron el suceso podría haberse evitado. El episodio hoy revisado por la máxima entidad judicial sentó jurisprudencia e inicia un nuevo ciclo de protección a la víctima frente a los casos de amenazas.

Yo no soy ninguna víctima, yo peleo y soy perseverante y por eso creo que el fallo lo gané. Unos 18 años después que un fallo salga doy gracias a Dios que todavía tengo vida para vivirlo", expresó Adriana García en una nota con Telediario.

Respecto a lo determinado por la Suprema Corte, García expresó:"Seis denuncias había hecho, pero en ese momento tomaban solo exposiciones civiles. Esto va a sentar precedentes, esto va a ser invocado por otras personas y nadie va a tener que pasar por el mismo camino. Por otro lado me da mucha bronca que se reconozca que tuvieron culpa, es doloroso saber que se podría haber hecho y no se hizo nada”.

La causa que se llevó a cabo en 2000 sentenció a Ariel Bualo, padre y asesino de los menores, como responsable del delito de doble homicidio calificado y lo condenó a la pena de reclusión perpetua con la accesoria prevista del artículo 42 del Código Penal, la máxima condena posible.

Sin embargo, la Corte actual de la provincia decidió además darle lugar al reclamo realizado por la madre de los chicos cuando de forma paralela denunció al Poder Ejecutivo por no prever ni brindarle ayuda ante las denuncias y exposiciones realizadas con anterioridad al hecho trágico.

El fallo del tribunal bonaerense asegura que “la debida evaluación de la situación podría haber razonablemente evitado lo sucedido". El juez Héctor Negri expuso: “El dictado de una medida de restricción de acercamiento, impedimento de contacto, cese de actos de perturbación, realización de evaluación y/o tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico, son algunas de las diligencias que pudieron adoptarse y que fueron soslayadas”. Además de que “los órganos del Estado incurrieron en una falta de servicio, en una actuación deficiente”.

“Existe un grado razonable de certeza en cuanto a la posibilidad que tuvo el Estado de evitar la muerte de los hijos de la actora, quienes vivían en un entorno difícil ya que su madre fue crónica y gravemente maltratada por su esposo, tal como fue acreditado por el Tribunal Criminal. No se garantizó ni seguridad ni se otorgó asistencia integral al grupo familiar”, expresaron en el fallo.

Los jueces Hilda Kogan, Eduardo Néstor de Lázzari y Julio Pettigiani adhirieron a la postura de Negri. Esteban Genoud, por su parte votó en contra. Se ordenó así que en primera instancia se dicte una nueva sentencia indemnizatoria.

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