Un proyecto de ley para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el país reabrió la grieta generada en la discusión sobre el aborto. La iniciativa, unificada en base a distintos proyectos, fue dictaminada este martes por iniciativa de diputadas que habían votado a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que en el grupo “celeste” alegaron falta de discusión y criticaron aspectos puntuales de la redacción.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, en una Sala poblada por ciudadanos en contra del aborto, que interrumpieron los discursos a los gritos: “¡Los primeros educadores son los padres!”, “¡A mis hijos los educo yo!”, “¡Degenerados!”, se escuchó en el segundo piso del Anexo.

Si bien todos los diputados dijeron estar a favor de la ESI, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), Gabriela Burgos (UCR) y Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) se quejaron por la falta de debate previo -hubo dos reuniones de asesores- y reclamaron más tiempo para dictaminar. Pero José Riccardo, titular de la Comisión de Educación, argumentó que “la gran mayoría” estaba dispuesta a despachar el proyecto.

De todos modos, Silvia Lospennato (Pro) aclaró que, “como en tantas otras leyes”, el texto podrá ser corregido en el recinto, con el fin de que la media sanción salga por amplia mayoría. Recordó que los diputados que votaron en contra del aborto legal “se comprometieron” a trabajar por la educación sexual. “Queremos saber si van a cumplir con su palabra”, los conminó.

El dictamen sellado este martes declara a la Ley de Educación Sexual Integral “de orden público”, para que esos contenidos curriculares sean de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas de la Argentina, sean de gestión estatal o privada. Para eso, se busca eliminar del artículo 5 de la ley actual la posibilidad de que los establecimientos educativos adapten la educación sexual a “su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.

Esa modificación generó ruido en el sector “celeste”, que rechazó que se reemplazara el concepto de “comunidad educativa” de la norma original por la palabra “institución”. Albor Cantard (UCR), exsecretario de Políticas Universitarias, se encargó de defender ese cambio y aclaró que en el nuevo artículo 6 se convoca a “vincular más estrechamente la escuela y las familias para el logro de los objetivos”.

Otro de los puntos de controversia tuvo que ver con la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los programas de educación sexual. Ese artículo se eliminó del dictamen a pedido de Campagnoli, quien consideró que esa medida sería redundante y propuso que el Ministerio de Educación deba enviar informes periódicos a las comisiones unicamerales que ya existen.

Aborto, parte dos

La sala fue un reflejo de la división que se produjo con el aborto. “Verdes” y “celestes” volvieron a sentarse enfrentados, mientras que en la mesa ubicada en el centro se ubicaron las militantes de la Campaña por el Aborto Legal. Contra las paredes quedaron los militantes antiabortistas, algunos de los cuales concurrieron al plenario con imágenes religiosas.

No se trata de una discusión entre verdes y celestes -se atajó Riccardo-, sino de los derechos de los niños a disponer de la mejor educación e información. La educación sexual integral es un tema que todos consideramos socialmente importante y eso ha quedado evidenciado en numerosos debates”.

La presidenta de la Comisión de Familia, Alejandra Martínez, aportó cifras: precisó que cada año en Argentina hay 3 mil niñas menores de 15 años que se convierten en madres, y en el 83,4% de los casos fueron embarazos no planificados. También advirtió que nuestro país es el que más casos de HIV registra en toda América Latina, y 9 de cada 10 personas que contrajeron esta enfermedad no utilizaron preservativo.

En el debate predominaron los discursos de diputadas a favor del aborto legal. “El lobby clerical está tratando de evitar las modificaciones en la aplicación de la Ley de Educación Sexual, y mientras tanto siguen muriendo mujeres en abortos clandestinos”, denunció Romina Del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda).

La radical Carla Carrizo agregó que “no se trata de la ley del pañuelo; se trata de derechos”, y afirmó que “los niños no son propiedad de nadie; son sujetos de derecho en sí mismos”. La frase desató aplausos del sector “verde” y un grito contrario que resonó fuerte en la sala: “¡Es una aberración lo que está diciendo esta mujer!”.

Carrizo, interrumpida varias veces, sostuvo que “si el Congreso no saca esta ley antes de fin de año, va a ser una derrota”, y sentenció: “Cada adolescente madre es un Estado ciego”, según publicó Parlamentario.

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