Los casos de violencia de géneroaumentan en la provincia de Buenos Aires. Durante 2016 hubo 215.807 denuncias; es decir, 591 por día. En cambio, durante 2017, las Comisarías de la Mujer y la Familia recibieron 670 denuncias diarias.

Así lo revela el análisis de “Monitoreo de Políticas Públicas y Violencia de Género 2018”, realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y publicado en junio pasado. Las cifras son alarmantes.

El diputado marplatense Rodolfo Iriart presentó un proyecto para crear un "Registro Provincial de Infractores de las Leyes de Protección contra la Violencia Familiar y de Género" que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto para crear el registro ya está en la Legislatura y su autor explicó que la iniciativa insta al Poder Ejecutivo a llevar “un registro unificado de casos atendidos por los organismos competentes, elaborando anualmente un informe estadístico de acceso público que permita conocer las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, tipos de violencia, medidas adoptadas y sus resultados para el diseño de políticas públicas, investigación, formulación de proyectos y producción de informes”.

Se "considerará 'infractor’ a toda persona que fuera condenada en proceso judicial llevado adelante por infringir la normativa de protección contra la Violencia Familiar y de Género".

La iniciativa prevé conformar una base de datos unificada que contenga la información que reciba de todas aquellas dependencias públicas en las cuales tramiten o hayan tramitado causas por violencia familiar y de género.

“Es necesario llevar adelante políticas públicas con un abordaje interdisciplinario para la prevención del delito, la sanción de los autores y la contención de las víctimas, y en ese sentido el registro será una herramienta más que permitirá la implementación de medidas conjuntas, tanto administrativas como judiciales" señaló Iriart, según publicó Clarín.

Este año, el Ministerio de Justicia de la Nación puso en práctica una ley que el Congreso había sancionado en 2015 y que crea un cuerpo de abogados para asistir gratis a víctimas de violencia de género. El Cuerpo tiene como misión garantizar el acceso gratuito a la justicia de las víctimas de violencia de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

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