El gobierno municipal se mostró en contra del recurso de amparo presentado por el Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas para frenar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que busca trasladar la zona roja y sancionar a las personas que la incumplan.

"Tomamos conocimiento de este amparo y de su impulsor Gustavo Vera. Esto demuestra que Vera no tiene conocimiento de nuestra ciudad", afirmó a Ahora Noticias el concejal Agustín Neme, jefe de la bancada oficialista.

El edil defendió el proyecto y dijo que "en esta ciudad se miró para el costado durante 20 años y nosotros decidimos ayudar a los vecinos". Neme reconoció que no tienen contacto con los impulsores del amparo pero aseguró que "seguirán adelante con este proyecto"

"Proponemos una norma con sentido común. La oferta sexual no puede darse en la puerta de una casa", remarcó el concejal. En este sentido manifestó que "los vecinos se merecen vivir en paz y los que no cumplan este proyecto debe recibir una sanción".

La acción de amparo se interpone contra la normativa aprobada hace dos semanas en el Concejo Deliberante, que dispone “regular la oferta y demanda de servicios sexuales" en la vía pública. La ordenanza permite la aplicación de multas y la privación de la libertad de personas “que son víctimas de explotación sexual”, según la denuncia del comité.

"Hasta tanto se decida la cuestión de fondo se ordene una medida de no innovar, a los efectos de establecer la suspensión de los efectos de la ordenanza promulgada y su reglamentación", solicitó Vera.

Vera subrayó que “mientras 26 municipios de 9 provincias acaban de sancionar cupos laborales para dar trabajo digno a personas que eran víctimas de la explotación sexual; 2 provincias (Catamarca y Chaco) ya votaron leyes de inclusión laboral y 7 provincias más se disponen a seguir el mismo camino, el Concejo Deliberante de Mar del Plata, contra la corriente, las leyes y las convenciones internacionales promueve, fomenta y organiza la prostitución e incluso pretende encarcelar y multar a las personas prostituidas en situación de extrema vulnerabilidad”.

Según se detalla en el expediente aprobado por los concejales, las multas podría tener un valer superior a los 600 mil pesos y se podría detener a las personas por 30 días.

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